La arquitectura se queda sin ventanas


| ANÁLISIS |

No fue una medida demasiado escuchada. No tuvo especial repercusión. No ha sido muy divulgada en los medios. Y lo cierto es que, entendiendo que afecta de manera directa a un colectivo tan poco numeroso, es lógico que la repercusión mediática fuese tan escasa como ha mostrado ser.

Pero lo cierto es que el día 2 de agosto, en el último Consejo de Ministros del curso, se aprobaba un anteproyecto de ley que, si bien los ciudadanos no podrán percibir de manera directa el recorte, sus derechos se verán reducidos ante garantías de un servicio que percibamos situándonos en un escenario de indefensión.

Imagen del Consejo de Ministros del 2 de agosto, donde se presentó el anteproyecto

Imagen del Consejo de Ministros del 2 de agosto, donde se presentó el anteproyecto

El anteproyecto Ley de Servicios y Colegios Profesionales supondrá la desaparición del control independiente, especializado y sin coste para el usuario de una gran parte de los profesionales, lo que implicará una pérdida en las garantías del servicio situando al ciudadano que acude a él en un estado de indefensión. Esto es, la colegiación de los profesionales garantiza ante los ciudadanos la idoneidad del profesional al que acuden y en el que depositan su confianza, ya que de otra manera los daños pueden ser irreparables porque pueden afectar de forma directa a la salud, a la integridad física, a la seguridad persona y jurídica, y a los propios derechos de los ciudadanos de manera indirecta.

Los colegios profesionales supervisan la calidad de los servicios, y permiten a los ciudadanos acudir a ellos para denunciar una mala práctica, evitando recurrir a la vía judicial con el coste que para el ciudadano supondría y evitando colapsar, aún más, el sistema judicial español.

Una medida impuesta por Europa

Lo cierto que la redacción de este proyecto de ley viene gestándose desde la etapa Zapatero, en su legislatura de los recortes, en donde, durante 2011, ya se propuso eliminar alguno de los colegios profesionales. Ahora, el gobierno del PP ya lo ha llevado al consejo, y está en trámites de aprobación en las próximas semanas por el Congreso.

Europa ha puesto límite a la presentación de la nueva ley: diciembre de este mismo año. Por eso, el gobierno se ha visto obligado a la redacción de la nueva norma de una manera atropellada. Así lo admite Carlos Carnicer en su blog, presidente del Consejo General de la Abogacía: “es un ejemplo de ley hecha con precipitación, con una urgencia innecesaria, con insuficiente diálogo con quienes la van a sufrir, con incoherencias y contradicciones que no son, precisamente, factores de calidad democrática”. Además, la califica como un grave error.

Portugal e Italia ya la han incluído en su legislación, y lo cierto es que han adaptado el texto de tal manera que no se elimine la colegiación obligatoria, refrendando que la legislación europea no impone su eliminación.

El ahorro

En palabras del Ministro de Economía, Luis de Guindos, el ahorro que supondrá la nueva ley para las arcas públicas a medio y largo plazo superará los 7.000 millones de euros. El Ministro aseguró en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros del 2 de agosto, que la regulación actual data del siglo XIX, y que ha de cambiarse para modernizar el sector.

Arquitectos, un colectivo castigado

Dentro de la renovación de este texto legal vigente, la nueva Ley de Colegios Profesionales daña a este colectivo de una manera especial. El anteproyecto plantea suprimir la reserva exclusiva de actividad que la Ley de Ordenación de la Edificación otorgaba a los arquitectos. El borrador establece que, a partir de 2013, “podrán proyectar y dirigir obras de edificios residenciales, culturales, docentes o religiosos, arquitectos e ingenieros con competencias en edificación”.

Se trata de una desregulación del sector con repercusiones negativas para el colectivo, ya que su trabajo ya no sería exclusivo, y otorgaría a cualquier ingeniero con competencias en edificación la posibilidad de proyectar una construcción que, seguramente, carezca de la seguridad necesaria para la correcta utilización de la edificación y su supervivencia en el tiempo.

“Creemos que es anticonstitucional por la arbitrariedad y la falta de equidad que manifiesta la ley en su trato a las profesiones técnicas y, concretamente, a los arquitectos”, explica Jordi Ludevid, presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), quien sostiene que aprovecharán todas las vías que ofrece el marco legal para conseguir que el Gobierno modifique el contenido de la ley.

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Categorías:política

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