Imputaciones y cargos públicos


| INFORMACIÓN – OPINIÓN |

  • Imputan finalmente a Oriol Pujol Ferrusola por el caso de las ITV
  • Daniel Fernández, del PSC, también es imputado, en este caso por la Operación Mercurio
  • Mantener el acta de diputado en base a la presunción de inocencia: la polémica está servida

El socialista, imputado por el caso Mercurio; el convergente, por las ITV

Daniel Fernández, del PSC y Oriol Pujol, de CDC

El secretario general de CDC y presidente del grupo parlamentario en el Parlament, Oriol Pujol Ferrusola, finalmente ha sido imputado por el caso de las ITV, algo que ya se venía especulando semanas atrás. Tanto en su comparecencia en los medios como en la carta enviada a los militantes de su partido, ha defendido su inocencia, así como el derecho a la honorabilidad, el cual podrá proteger tras su imputación, afirma. “Ahora podré defenderme de todas las mentiras que se han ido diciendo sobre mi persona” y además “no quiero ser un lastre para el proceso de Transición Nacional que está viviendo nuestro país”.

Por otro lado, Daniel Fernández, secretario de Organización del PSC, también ha sido imputado, pero en este caso por la Operación Mercurio, trama de corrupción que envuelve el ayuntamiento catalán de Sabadell. Fernández también ha defendido su inocencia “no he cometido ninguna infracción ni ningún delito”, afirmó. Así como Oriol Pujol se acogía a su papel de mártir en pro del proceso soberanista catalán, Fernández no tenía ningún otro pretexto para cesar de todos sus cargos. Pero sí que coinciden en algo: ambos mantienen el acta de diputado.

Cierto es que les honra -¡faltaría más!- el hecho de renunciar a sus cargos dentro del partido, de tal manera que dan algo más de ejemplo que aquellos que se acomodan a cuántos cargos les han sido asignados a lo largo de su trayectoria política (y empresarial); pero también es cierto que las verdades a medias no son verdades. Y aquí es donde el debate, señores, está servido. Los presidentes de turno de los distintos partidos políticos lo tienen claro: relego del político en cuestión si se trata de alguien ajeno y mantenimiento de su cargo si es un afiliado propio, bajo el tan entonado habeas corpus. Rajoy se llena la boca ante Camps, Matos y demás, mientras que, asimétricamente, repudia Pujols, Bustos y Blancos. Y como Rajoy, también Rubalcaba, Mas, Navarro y ese tan desgraciadamente largo etcétera.

¿Emitimos juicios sin conocimiento real de causa?

¿Emitimos juicios sin conocimiento real de causa?

Con la crisis de corrupción de nuestro país, hay que reconocer que la demagogia barata está acechando nuestras tertulias con tal de entrometerse por los agujeros menos inesperados. No hay que olvidar que, aunque cuando el río suena agua lleva, una persona imputada no es más que alguien sospechoso de cometer algún delito, pero aun no es acusado. La presunción de inocencia es, pues, algo que debemos preservar hasta el segundo previo a la resolución de una sentencia. En este sentido entendemos que debe darse la oportunidad de defenderse al imputado, sin emitir juicios públicos, muchas veces vacíos de argumentos sólidos. La controversia se da, en este caso, en el motivo que alegan tanto Pujol como Fernández -y tantos otros- al hecho de mantener su acta de diputado: si se cede en todo, y se acaba demostrando su inocencia, la restauración de su honor, estando éste ligado a una actividad pública, se puede convertir en una ardua tarea. Bien. Es cierto. Pero, ¿y si se demuestra su culpabilidad? ¿Se devolverá ese dinero público que ha ayudado a mantener el estatus que le ha permitido delinquir?

La restauración de la honorabilidad pasa por dejar todos los cargos públicos (el acta de diputado, el primero) mientras se lleve a cabo el proceso y la restauración posterior, con total normalidad, si se demuestra su inocencia. Somos la sociedad y los medios de comunicación los que tenemos que aprender a acatar las sentencias y, por lo tanto, no enjuiciar con nuestros propios argumentos, los cuales pueden ser muy sospechosos de carecer de fundamento. Desde aquí quiero romper una lanza a favor de todos los imputados, Bárcenas y Urdangarines incluidos, hasta que un juez no me demuestre lo contrario. Rompo otra lanza a favor de todos los políticos y empresarios que, por el momento, no han cometido un delito. Pero eso sí, por favor, que la justicia sea limpia, ecuánime y transparente, que no varíe sus funciones en base al dinero o a la responsabilidad del imputado. Una justicia fuerte, en la que confiemos los ciudadanos, contribuirá a un debate mucho más rico en el sí de la sociedad. Castigos para los culpables y segundas oportunidades para los inocentes. Y recordemos: todos debemos ser iguales ante la ley.

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Categorías:Nacional, política

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