Robo (in)constitucional


| OPINIÓN |

Cobrar un euro por receta por cada medicamento con un valor igual o superior a 1,67 euros es inconstitucional. Vulnera el acceso de los ciudadanos a la adquisición de productos farmacéuticos. Aún así, esta medida ha incrementado los beneficios en las cuenta públicas de Madrid y Cataluña: unos 46 millones de euros en siete meses a costa de la salud de los catalanes

Se implanta el euro por receta en Madrid

Las farmacias madrileñas anuncian de la nueva medida a partir del 1 de enero

Es una medida que podemos calificar de repago. Se añade al copago que ya extendió el gobierno central de Rajoy por todo el país, el suplemento de un euro por receta en dichas comunidades. En Madrid, la reducción de casi 1.000 millones de los PGE para la comunidad, han servido como escudo para que González imitara la acción de Artur Mas. Una medida tomada sin duda por la vía más fácil sin tener en cuenta otras alternativas de crecimiento económico. En Cataluña, a los 46 millones de recaudación se le añaden unos 110 millones de ahorro por el efecto disuasorio que ha provocado.

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado que se trata de un acto inconstitucional que atenta contra la igualdad. Pero la justicia no sigue el ritmo frenético de nuestra sociedad. Cataluña siguió cobrando a sus ciudadanos durante un día más y la comunidad madrileña aún continúa haciéndolo. Sin embargo el despropósito no acaba aquí. Pese a que todos saben que es una medida ilegal, ese dinero no será devuelto y así lo han declarado ambos presidentes. Obtención de dinero para la administración pública de manera ilícita, publicado en los medios, de manera que todos, desde los ejecutores hasta los que han pagado, son conscientes del tipo de acción que se ha llevado a cabo. ¿Y ahora quién devuelve ese dinero que han “robado”?

Todo apunta a que muchos lo han perdido por necesidad. Los gobiernos autonómicos y el TC disponen de un plazo de cinco meses para pronunciar una sentencia definitiva. Cinco meses para debatir una medida de recaudación de tasas que ya ha sido declarada ilegal –incluso por el gobierno central contra su varón genovés-. Cinco meses en los que, por lo menos en Madrid, el presidente seguirá apurando esa sangría a los ciudadanos. Con todo, el robo a mano armada puede ser más prolongado en el tiempo. Si el TC finalmente levanta la medida, habrá una situación transitoria en la que se seguirían estudiando medidas para, como es ya habitual, asfixiar a la población.

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Categorías:economía

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