Por una vivienda digna, contra los desahucios


Afectados por las hipotecas, han llevado hoy a las 11 de la mañana, escritos de suspensión de ejecuciones hipotecarias, a los juzgados de toda España.

Es una iniciativa puesta en marcha a raiz de que el Tribunal de Justicia de la que Unión Europea (TJUE), esté examinando si el sistema español cumple la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios, después de que el Juzgado de lo Mercantil Nº3 de Barcelona le plantease una cuestión prejudicial . Está enmarcada en lo que el portavoz de “Stop Desahucios” y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Adriá Alemany califica como “desobediencia civil pacífica”.La plataforma denuncia que las medidas del gobierno son insuficientes y se pliegan ante los bancos. “El Gobierno ha acabado cediendo y ha acabado redactando un decreto ley al dictado de la patronal bancaria”, ha asegurado Alemany. Afirma además, que el anuncio del Consejo de Ministros queda “muy bonito” pero no llega a la raíz de problema que se halla en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), la cual define como “anómala y perversa”. Ésta, es la causa por la que la gente está quedando endeudada y excluida del sistema “de por vida”.

Denuncian la insuficiencia de las medidas, que no aclaran si las familias ya inmersas en procesos de ejecución hipotecaria se podrán acoger a la moratoria de los desahucios. El documento expresa a su vez una crítica hacia los requisitos exigidos por el Real Decreto, ya que deben confluir criterios sociales y económicos. Una familia seguirá en su casa sin pagar la hipoteca durante dos años, pero tendrá que cumplir condiciones como que su renta no supere los 19.200 euros brutos al año, o que donde reside sea su única vivienda en propiedad. Además tendrá que encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias: familia numerosa, monoparental con dos hijos, que el hipotecado esté en paro y no tenga prestación, víctima de violencia de género o familia con discapacitados o dependientes.

Rafael Mayoral, abogado de la plataforma, mantiene que la fórmula del alquiler social que la Plataforma ha presentado en el Congreso, es la única solución al problema. “El deudor podría entregar su casa al banco, quedando de esta manera sin la deuda, y luego las familias seguirían en el piso pagando durante cinco años un arrendamiento cuyo importe no podría superar en cualquier caso el 30 por ciento de la renta familiar”. “Sería, tal y como exponen los miembros de esta Plataforma, un paso más de la ya propuesta “dación en pago” con la que contrarrestar unas deudas que “son una condena a la pobreza para mucha gente”.

A la espera de la sentencia del TJUE, el documento solicita la suspensión inmediata el proceso, y, en virtud de prejudicialidad civil, ya que el tribunal barcelonés todavía no ha resuelto.

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