El decreto sobre desahucios excluye a la mayoría de las familias


Una familia con dos hijos, un pensionista o una madre soltera quedarían excluidas del Decreto Ley que pretende regular los desahucios. Además la moratoria de dos años no paraliza los intereses de demora y no permite recuperar la vivienda.

Protesta contra el desahucio de una familia. EFE

Cada día se llevan a cabo más de 530 ejecuciones hipotecarias en nuestro país

“La mayoría de las familias con las que tratamos quedan excluidas”, afirma Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por Hipotecas (PAH). La Plataforma teme que pase lo mismo que con el decreto De Guindos, el Código de Buenas Prácticas, en el que era muy difícil cumplir las condiciones, y afirma que el Gobierno se ha plegado a la banca, porque “el Gobierno ha aprobado exactamente las medidas que sugirieron las entidades”. Critican también, que el Gobierno no haya escuchado a todas las formaciones políticas – sólo se reunió con el PSOE y no lograron llegar a un acuerdo – y, sobre todo, que no haya escuchado ni a los afectados ni al poder judicial, quienes más conocimiento tienen sobre la materia.

Sorprende la precisión del decreto en su artículo 1, donde se especifican cuáles son las familias vulnerables que podrán acogerse a la moratoria de dos años. No podrán hacerlo las que superen 19.000 euros de ingresos anuales y a las que la cuota de la hipoteca les suponga la mitad o menos de los ingresos familiares. Además, el artículo dice que la moratoria solo será aplicable cuando la vivienda se haya adjudicado en subasta al banco o “a persona que actúe por su cuenta”, es decir, en los casos en que un tercero (que no sea un banco), como una inmobiliaria o un particular, adquiera la casa en subasta, la familia podrá ser desahuciada.

Estos aspectos los critican las tres asociaciones de jueces, y avanzan que el alcance de la medida se verá “muy limitado” porque no busca llegar al fondo del problema: reformar la ley; por tanto la rechazan y la consideran “arbitraria y un fiasco”. Señalan que la moratoria no es tal, sino una suspensión del desalojo, pues una familia tendrá dos años más para abandonar la casa, pero no para reunir el dinero para pagar la deuda, incluso ésta seguirá incrementándose porque los intereses de demora no se paralizan. El plazo de la moratoria no es flexible, son dos años a partir de la publicación del decreto en el BOE, es decir, serán dos años para quien la solicite hoy, pero quien lo haga dentro de un año, sólo tendrá de moratoria el año restante.

Parque social de viviendas

El decreto publicado en el BOE se muestra muy ambiguo en cuanto a la creación de un parque social de viviendas (pertenecientes a los bancos) para familias desahuciadas, como prometió el Gobierno. Alude a “facilitar el acceso” de los desahuciados “a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban”. Indica también que la medida no será retroactiva.

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Categorías:Nacional, política

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